El Gobierno de México declaró que está preparado para presentar este martes sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en una demanda que acusa a fabricantes de armas estadounidenses de ser responsables de la crisis de seguridad en México.
En 2021, el país latinoamericano interpuso una demanda contra el distribuidor mayorista Interstate Arms, y los fabricantes Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. La querella, que exigía una compensación de 10,000 millones de dólares por daños y perjuicios, argumentaba que estas empresas diseñan armas específicamente para atraer a los cárteles de la droga, comercializándolas como equipo de grado militar. Según el documento, este armamento se emplea en el “asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos”.
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El masivo operativo de extradición ocurre en un momento de tensas negociaciones arancelarias entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Seis empresas fueron excluidas del caso por razones procesales, dejando a Interstate Arms y Smith & Wesson como los únicos demandados. En 2022, el juez de distrito, Dennis Saylor, desestimó la demanda. Sin embargo, el año pasado, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, revocó su decisión y determinó que el caso podía continuar. La Corte Suprema atrajo el asunto en octubre, un mes antes de que Donald Trump fuera elegido nuevamente presidente.
Interstate Arms y Smith & Wesson respondieron con una demanda contra el gobierno mexicano, alegando que su querella busca «intimidar a la industria para que adopte medidas de control de armas que han sido rechazadas repetidamente por los votantes estadounidenses». Este martes, la Corte Suprema desestimó su queja, considerando que México presentó argumentos plausibles de que las empresas facilitaron la venta ilegal de armas en perjuicio del país.
Las autoridades mexicanas sostienen que entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes en territorio nacional proviene de Estados Unidos. Afirman que en el país solo existe una armería legal, pero que el territorio está inundado de armas. Acusan a los fabricantes estadounidenses de contribuir activamente a la violencia de los cárteles, al mantener relaciones comerciales con distribuidores que les suministran armamento. Además, critican su negativa a modificar el diseño de sus productos para mejorar su rastreo, lo que los haría menos atractivos para el crimen organizado.
Las empresas armamentistas han rechazado estas acusaciones, argumentando que no tienen control sobre el uso que se brinda a sus productos. «Este tribunal ha sostenido en repetidas ocasiones que se requiere una conexión directa entre la conducta de un demandado y el daño sufrido por el demandante. En su afán por atacar a la industria de las armas de fuego, México intenta socavar principios fundamentales del derecho estadounidense que salvaguardan toda la economía», alegan.
La Asociación Nacional del Rifle afirma que la demanda mexicana busca «destruir» la industria armamentista de Estados Unidos, a pesar de que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005 protege a los fabricantes de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos. «México ha extinguido su derecho constitucional a las armas. Ahora pretende acabar con el de Estados Unidos», sostiene la organización.
Crecen las tensiones entre México y Estados Unidos
El fallo de la Corte Suprema ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países. La administración de Trump impuso un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas como una medida para responsabilizar a México por su supuesta falta de control sobre la migración y el tráfico de fentanilo. Además, designó a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas globales. Según el Departamento de Estado, estas redes delictivas representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó dos reformas constitucionales para evitar “una invasión a la soberanía” mexicana. «Queremos dejar claro que no negociamos la soberanía. Esta designación no debe convertirse en una excusa para que Estados Unidos viole nuestra autonomía», advirtió.
La mandataria también anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores intensificará sus demandas contra fabricantes y vendedores de armas estadounidenses, acusándolos de ser cómplices del terrorismo. «Dado este nombramiento, debe haber un vínculo entre quienes venden armas y estos grupos delictivos, ahora catalogados como terroristas por Estados Unidos. Por ello, ampliaremos la demanda para incluir la complicidad de quienes faciliten la introducción de armamento a nuestro país», afirmó.
El gobierno mexicano estima que alrededor de 200,000 armas de fuego son contrabandeadas anualmente desde Estados Unidos. La mayoría proviene de Texas, Arizona, California y Nuevo México, generando un mercado que mueve aproximadamente 250 millones de dólares al año, según los documentos judiciales.
