Sin anuncio previo, el gobierno de México ha extraditado a Estados Unidos a 29 figuras clave del crimen organizado, incluyendo a Rafael Caro Quintero. La medida ocurre en un contexto de crecientes presiones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se intensifican los esfuerzos para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México confirmaron la extradición en un comunicado, aunque sin revelar los nombres de los detenidos. Sin embargo, fuentes de seguridad han informado que entre los extraditados se encuentran Rafael Caro Quintero, el exlíder del Cártel de Guadalajara condenado por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985, y Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con El País, a ellos se suman los exlíderes de los Zetas, Miguel Ángel “el Z-40”, y Omar Treviño Morales, “el Z-42”, conocidos por su brutalidad; también Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como y José Ángel Canobbio, el Güerito, uno de los principales distribuidores del Cártel de Sinaloa.
El traslado de Caro Quintero a Nueva York marca el punto culminante de una larga persecución judicial en su contra. Capturado en 2022 tras casi una década de evasión, su extradición ha sido interpretada por exfuncionarios estadounidenses como un mensaje claro: «Nunca olvidamos si dañas o matas a uno de nuestros agentes».
EE UU estaría presionando a México para imponer aranceles a China; Sheinbaum niega que esta solicitud sea un requisito
Sheinbaum asegura que México ha privilegiado la integración comercial con Estados Unidos. Advierte que si los aranceles entran en vigor, será necesario evaluar otros destinos de exportación.
El masivo operativo de extradición ocurre en un momento de tensas negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Trump ha amenazado con imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos a partir del 4 de marzo, lo que podría asestar un duro golpe a la economía del país. El 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. La extradición podría interpretarse como un gesto de «buena fe» por parte del gobierno mexicano en un intento de mitigar estas presiones.
Sin embargo, aún no está claro si las autoridades mexicanas siguieron los procedimientos formales de extradición o si se optó por una vía expedita, lo que podría generar controversias legales en el futuro.
Mientras tanto, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido declaraciones oficiales sobre la operación. No obstante, esta acción representa un cambio significativo en la cooperación bilateral en materia de seguridad y podría redefinir la relación entre ambos países en los próximos meses.
Tensiones en plano de la seguridad entre México y Estados Unidos
Trump ha intensificado su retórica contra los cárteles mexicanos al catalogarlos oficialmente como organizaciones terroristas. Esta medida abre la puerta a una mayor intervención de las agencias estadounidenses en territorio mexicano y podría justificar acciones militares directas bajo la doctrina antiterrorista de EE UU.
En reacción a esta situación, Sheinbaum ha propuesto dos reformas constitucionales con el objetivo de impedir cualquier posible «violación a la soberanía» de México. Asimismo, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzará sus acciones legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, acusándolos de facilitar actividades terroristas.
“Queremos dejar claro que no negociamos la soberanía. Esta designación no debe convertirse en una excusa para que Estados Unidos viole nuestra autonomía”, advirtió la mandataria hace una semana. Sheinbaum aseguró que ambos países trabajan de manera coordinada en temas de seguridad. No obstante, precisó que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no fue consultada con su administración.
