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El Wall Street Journal informó recientemente que el equipo de transición afirma que ya está estudiando ubicaciones y edificios a lo largo de la frontera y en ciudades gobernadas por demócratas —donde vive la mayoría de los inmigrantes no autorizados— para convertirlos en centros de detención masiva y evitar así el hacinamiento en las cárceles de los condados de todo el país. El medio también informó de que el equipo de transición también está considerando dar más poder a los sheriffs.

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Los sheriffs no pueden detener inmigrantes legalmente

Homan no es ajeno a los sheriffs. Tras haber trabajado como agente de la Patrulla Fronteriza durante casi tres décadas y luego como director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha forjado estrechos vínculos con muchos sheriffs de todo EE UU a lo largo de los años.

«Creo que es razonable conceder que Tom Homan haya estado en contacto con los sheriffs. Ya estaba en contacto con ellos antes», dice Pishko. «En la primera administración de Trump, los sheriffs solían enviar correos electrónicos a Stephen Miller y Tom Homan todo el tiempo sobre deportaciones».

Los sheriffs, sin embargo, no están autorizados ordinariamente a detener o deportar a inmigrantes no autorizados. Esas funciones solo las realiza el ICE.

Un programa conocido como 287(g) «permite al ICE —a través de la delegación de funciones específicas de los funcionarios de inmigración— mejorar la colaboración con las fuerzas del orden estatales y locales para proteger la patria mediante la detención y expulsión de los no ciudadanos», pero no permite a los sheriffs o a sus ayudantes detener a presuntos inmigrantes no autorizados.

El programa existe desde hace décadas, pero el ICE afirma que, en la actualidad, sólo 125 de los 3,081 departamentos de sheriff se han inscrito. Dado que el programa es voluntario y no ofrece a los sheriffs ninguna financiación adicional —de hecho, en muchos casos les cuesta dinero—, la mayoría de los condados nunca se apuntaron, ni siquiera durante el primer mandato de Trump.

Una fuente de la transición que habló con el Wall Street Journal dijo que «esperan ver un número histórico de nuevos acuerdos», pero no está claro por qué más alguaciles se inscribirían esta vez si no lo hicieron durante el primer mandato de Trump.

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Para complicar aún más las cosas, algunos estados están intentando obligar a los sheriffs a asumir las funciones de agentes de inmigración. En Texas, por ejemplo, las fuerzas de seguridad locales pueden detener y acusar de un delito menor a los inmigrantes no autorizados. Y en las elecciones del mes pasado, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 314, que potencialmente permite a las fuerzas de seguridad locales acusar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente de un delito estatal, aunque por ahora la ley es, al menos parcialmente, inaplicable.

Tras sondear a muchos de sus miembros, Thompson, director de la Asociación Nacional de Sheriffs, afirma que aplicarán las leyes de inmigración si se les pide: «Si se pide ayuda a los sheriffs, éstos desean contribuir a mantener la seguridad de las comunidades y colaborarán con las agencias federales en la medida de sus posibilidades», afirma.

Los sheriffs tienen muchas cosas que hacer

Hay muchos sheriffs —incluso pro-Trump— en todo EE UU que creen que la implementación práctica de la deportación a la escala masiva que Trump está prometiendo simplemente no funcionaría y supondría una enorme carga para los departamentos de los sheriffs.

Mike Murphy es sheriff del condado de Livingston, en Michigan, y es tan partidario del presidente electo que en agosto celebró un mitin pro-Trump en un edificio propiedad de la oficina del sheriff. (Ahora está siendo investigado por presunta violación de la ley de financiación de campañas).