Julian Assange ha vuelto a hacer oír su voz. Tras años de silencio forzado, el ex fundador de WikiLeaks habló públicamente por primera vez desde su liberación el pasado mes de junio. Lo hizo ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, en un discurso cargado de significado político y personal. «He elegido la libertad en lugar de una justicia irrealizable», expresó Assange, explicando su decisión de aceptar el acuerdo con Estados Unidos que puso fin a su larga detención. Fue una elección dolorosa, dictada por la perspectiva de una condena de 175 años de prisión y el conocimiento de que las protecciones legales para periodistas y denunciantes «solamente existían sobre el papel».
El discurso de Julian Assange
El tono de Assange es el de alguien que ha pasado por una experiencia traumática y se esfuerza por procesarla. «La experiencia del confinamiento solitario durante años en una pequeña celda es difícil de transmitir. Despoja del sentido del yo, dejando apenas la esencia de la existencia», confiesa, disculpándose por sus «palabras vacilantes» y su «presentación poco pulida». Un hombre probado que intenta acostumbrarse de nuevo a la libertad tras años de encarcelamiento.
Pero más allá del drama personal, Assange quiso lanzar una poderoso j’accuse (yo acuso) contra la criminalización del periodismo. «Hoy no soy libre porque el sistema haya funcionado. Hoy estoy libre después de años de prisión porque me declaré culpable de hacer periodismo», señaló con amargura. Una frase que resume el sentido de su proceso judicial y plantea inquietantes interrogantes sobre el estado de la libertad de prensa.
El ex director de WikiLeaks denunció cómo su condena por «una potencia extranjera por solicitar, recibir y publicar información veraz» mientras se encontraba en Europa supone una amenaza para el periodismo de investigación en todo el mundo. Una advertencia dirigida especialmente a los legisladores europeos, a quienes instó a actuar para proteger la libertad de expresión en un clima de «mayor impunidad, mayor secretismo y mayores represalias por decir la verdad». Assange recorrió las etapas de su odisea judicial, que comenzó en 2010 con la publicación de documentos confidenciales facilitados por la ex analista del ejército estadounidense Chelsea Manning. Documentos que revelaban, entre otras cosas, el asesinato de civiles desarmados por parte del ejército estadounidense en Irak (entre ellos dos empleados de Reuters). Nunca se ha pedido cuentas a nadie por esas muertes.
La situación se precipitó, según Assange, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el nombramiento de Mike Pompeo en la CIA y de William Barr como fiscal general. Bajo la nueva administración, relató, él y su familia fueron víctimas de espionaje, con «intentos de tomar ADN del pañal de mi hijo de seis meses». El fundador de WikiLeaks reveló que el acuerdo de culpabilidad le impide recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o presentar solicitudes de acceso a documentos sobre el impacto que ha tenido en él la petición de extradición. Una limitación que plantea interrogantes sobre el alcance real de su libertad actual.
¿Por qué está Assange en Estrasburgo?
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano que reúne a parlamentarios de 46 países europeos para debatir cuestiones de derechos humanos y democracia, está a punto de estudiar una resolución relativa al caso Assange. Esta resolución, redactada por la parlamentaria islandesa Thórhildur Sunna Ӕvarsdóttir, critica duramente el trato dado a Assange. En particular, el texto condena los cargos presentados contra él por Estados Unidos por considerarlos «desproporcionadamente graves». Se refiere a los 18 cargos, basados principalmente en la Ley de Espionaje de 1917, que podrían haber supuesto para Assange una condena de hasta 175 años de cárcel.
La resolución va más allá, denunciando el «uso indebido» de la Ley de Espionaje de Estados Unidos, que según los redactores tuvo «un peligroso efecto intimidatorio, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de exponer la mala conducta del gobierno». El documento, según informa The Guardian, también critica al Reino Unido por no proteger la libertad de expresión de Assange. Sin embargo, no faltaron voces críticas con la resolución, como la del diputado conservador británico Richard Keen, que en una opinión discrepante calificó el proyecto de resolución de «excesivamente polémico e inexacto en puntos legales clave». Keen se opuso en particular a la definición de Assange como «preso político», argumentando que su detención era legítima y no tenía motivaciones políticas.
Artículo originalmente publicado en WIRED Italia. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.
